El Gobierno despreció la causa judicial por el asesinato de nueve españoles en Ruanda

El Gobierno español se desmarcó en privado ante Estados Unidos y Ruanda del proceso judicial abierto en 2008 por la Audiencia Nacional contra 40 miembros de la cúpula militar tutsi por genocidio, lesa humanidad y terrorismo, delitos presuntamente cometidos en Ruanda y en la República Democrática de Congo entre 1990 y 2002 y que incluían a nueve víctimas españolas. El Ejecutivo aseguró que "no apoyaba" la causa, que ésta no tenía nada que ver con su política exterior y que algunas medidas adoptadas por el juez le parecían "inútiles".
Así se desprende de varios de los cables filtrados por Wikileaks a los que La hora de MIKE y JOE ha tenido acceso a través del diario noruego Aftenposten.

Entre los nueve asesinados españoles había seis religiosos: Joaquim Vallmajo, Servando Mayor, Julio Rodríguez, Miguel Ángel Isla, Fernando de la Fuente e Isidro Uzcudun; los otros tres, Mª Flors Sirera, Manuel Madarazo y Luis Valtueña, eran miembros de la organización Médicos del Mundo. Todos ellos murieron entre 1994 y 2000, justo después de que tuviera lugar el brutal genocidio cometido por los hutus y de que los tutsis se hicieran con el poder en Ruanda. El Ejército Patriótico Ruandés / Frente Patriótico Ruandés (APR/FPR), de los tutsis, los habría matado, presuntamente, por haber sido testigos o denunciantes de sus crímenes.

Pero no sólo el Gobierno español se mostró reticente, la propia fiscalía de la Audiencia Nacional no tenía ninguna intención de "ir más allá" ni de "solicitar la extradición de los acusados", tal como aseguró una representante de ese departamento en una reunión informal con el asesor legal de la Embajada de EE UU en Madrid el 5 de mayo de 2008, justo tres meses después de que el juez Fernando Andreu dictara un auto de procesamiento (6 de febrero) de 182 páginas que implicaba, entre otras cosas, órdenes de arresto internacional contra la cúpula militar del Gobierno ruandés. Según un despacho confidencial, la fiscal llegó a afirmar que la causa fue investigada y tramitada sólo "para satisfacer a las familias".

Los intereses de EE UU en la zona

EE UU, no obstante, sí se tomó muy en serio el proceso -que comenzó en 2005 con una querella del Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos- y presionó a las autoridades españolas para que rebajaran la tensión con Ruanda. Ni siquiera las palabras "alentadoras" de la fiscal, que sugerían, según la Embajada, que el caso podría quedar "en agua de borrajas", echaron para atrás sus intenciones. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene intereses políticos, económicos y estratégicos en Ruanda y sus Estados vecinos.

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, uno de los 40 procesados por el juez Andreu, se formó en el Reino Unido y Estados Unidos, país este último en el que recibió entrenamiento militar (en Fort Leavenworth, Kansas) y del que es considerado aliado. Por otro lado, la región de los Grandes Lagos de África sufre desde 1996 una explotación ilegal de sus recursos naturales, tal y como ha denunciado Naciones Unidas en varios informes, en la que entran en juego el oro, los diamantes y el coltán -mineral con el que se fabrican teléfonos móviles-, que se terminan exportando -gran parte desde Ruanda- a varios países de occidente, entre ellos, Estados Unidos.